Según revela una investigación, las autoridades estatales evaden proteger la salud y seguridad de miles de trabajadores agrícolas jóvenes.
Lea la segunda parte de la investigación de Capital & Main sobre la salud y seguridad de los trabajadores agrícolas menores de edad en California.
El sol de verano brillaba con fuerza a través de las nubes en el Valle de Salinas, California, donde una gran cantidad de bayas y verduras de hoja verde crecen sobre tierras fértiles, conocidas como el “Huerto del Mundo”. José, un chico callado de 14 años, estuvo agachado y encorvado ahí durante horas con otros trabajadores en un extenso campo de fresas.
El sol de verano brillaba con fuerza a través de las nubes en el Valle de Salinas, California, donde una gran cantidad de bayas y verduras de hoja verde crecen sobre tierras fértiles, conocidas como el “Huerto del Mundo”. José, un chico callado de 14 años, estuvo agachado y encorvado ahí durante horas con otros trabajadores en un extenso campo de fresas.
Los recolectores, muchos de ellos también menores de edad, arrancaban las bayas de las plantas y las colocaban en cajas de plástico, ocho de ellas en una caja de cartón. Se movían rápidamente a lo largo de las largas hileras que bordeaban el campo.
José estaba agotado, pero trabajaba lo más rápido que podía. Le pagaban 2.40 dólares por cada caja que llenaba. Mientras corría con una caja llena, tropezó en el terreno irregular y se torció el tobillo. Le dolió durante días, recordó más tarde, pero no le dijo nada a su jefe por miedo a perder su trabajo.
“Simplemente tienes que aguantar y seguir trabajando”, dijo un domingo reciente, su único día libre de la semana. Ha trabajado en estos campos todos los veranos y fines de semana durante el año escolar desde que tenía 11 años para ayudar a su madre, que también recolecta bayas. Sus hermanos, tíos y primos, cuatro de ellos menores de edad, trabajan en los campos de fresas de la zona.
José dijo que algunos días no llenaba muchas cajas y ganaba menos del salario mínimo por las horas trabajadas, lo que sería una violación de las leyes estatales de trabajo infantil. Describió trabajar bajo el sol abrasador en campos donde los empleadores no proporcionaban sombra a los trabajadores, como exige la ley estatal. Tanto él como su hermana dijeron que cosechaban fresas en un campo donde un tractor había rociado un líquido con un fuerte olor químico.
“Olía muy mal”, dijo. “Me daba dolor de cabeza”.
José y miles de otros niños y adolescentes forman parte de una legión anónima de trabajadores menores de edad en California que ayudan a que las frutas y verduras frescas lleguen a las mesas de Estados Unidos. En California, los menores de tan solo 12 años pueden trabajar legalmente en la agricultura. Pero muchos de ellos trabajan en condiciones extenuantes y peligrosas, y el estado no les está garantizando salud y seguridad, según una investigación de Capital & Main
La aplicación de las leyes de trabajo infantil ha sido inconsistente, el número de inspecciones de seguridad laboral y las sanciones impuestas a los empleadores han disminuido y los infractores reincidentes no fueron multados por cientos de violaciones de las leyes de seguridad en el uso de pesticidas, según una revisión de decenas de miles de registros estatales y del condado que detallan las inspecciones, infracciones y dinero recaudado por concepto de sanciones civiles.
Capital & Main entrevistó a 61 jóvenes trabajadores agrícolas de entre los 12 y 18 años recién cumplidos. Muchos describieron haber sufrido dolores de cabeza, erupciones cutáneas o ardor en los ojos mientras trabajaban en campos que olían a productos químicos. Otros dijeron que fueron contratados para trabajos a destajo con salarios inferiores al mínimo. Muchos recordaron haber trabajado bajo el sol del verano sin sombra ni descansos adicionales para beber agua. Algunos hablaron de usar baños portátiles sucios y sin jabón para lavarse las manos.
Varios llegaron solos a Estados Unidos desde México. Pero la mayoría, como José, nacieron en Estados Unidos y trabajan junto a sus padres inmigrantes, muchos de los cuales son mixtecos, un pueblo indígena de los estados mexicanos de Oaxaca, Michoacán y Guerrero.
Estos jóvenes trabajadores y sus familias se encuentran en la mira de las recientes redadas migratorias de la administración Trump en lugares de trabajo. Muchos de los padres son indocumentados y trabajan en agricultura. Los jóvenes trabajadores dijeron que esto les ha generado estrés adicional porque les preocupa que sus familias puedan ser separadas si las autoridades de inmigración irrumpen en los campos.
El clima de miedo ha hecho que las familias sean más reacias que nunca a quejarse de las condiciones laborales inseguras, por temor a represalias por parte de los empleadores. Aun así, los jóvenes continúan trabajando para ayudar a sus padres a pagar las facturas y a poner comida en la mesa.
En la mayoría de los casos, California exige que los menores tengan mínimo 14 años para trabajar. Pero según la ley estatal, los niños de tan solo 12 años pueden trabajar hasta 40 horas a la semana en la industria agrícola cuando no hay clases.
Los líderes de California se enorgullecen de las estrictas leyes estatales de seguridad laboral, las cuales generalmente superan las regulaciones federales e incluyen códigos laborales para proteger a los trabajadores menores de edad, como normas históricas de seguridad contra el calor al aire libre y regulaciones sobre la seguridad en el uso de pesticidas.
Sin embargo, según los registros, vastas áreas del corazón agrícola de California han pasado años sin inspecciones en los lugares de trabajo por parte de la agencia estatal encargada de proteger a los trabajadores menores de edad. Durante un período de ocho años, los funcionarios estatales emitieron solo 27 multas por violaciones de trabajo infantil, a pesar de que miles de empresas agrícolas operan en California. Más del 90% de las multas nunca se cobraron.
Al mismo tiempo, los funcionarios estatales no investigaron la mayoría de las 2,600 quejas presentadas contra empleadores agrícolas por no proporcionar capacitación sobre enfermedades relacionadas con el calor o la falta de sombra y agua para los trabajadores durante los días calurosos, según muestran los registros. Asimismo, el número de multas emitidas por violaciones de seguridad en el lugar de trabajo disminuyó en un 74% en la última década. En más de 600 investigaciones de seguridad agrícola, los funcionarios nunca visitaron los lugares de trabajo y, en cambio, realizaron “investigaciones por correspondencia”, o sea, consultando a los empleadores por correo.
Entre 2018 y principios de 2024, los organismos reguladores del condado sancionaron a más de 240 empresas por al menos 1,268 infracciones de las leyes estatales de seguridad de pesticidas en tres o más condados, según un análisis de más de 40,000 registros estatales de control. Sin embargo, en casi la mitad de esas infracciones (muchas de ellas relacionadas con la seguridad de los trabajadores), las empresas no pagaron multas y solo recibieron advertencias o notificaciones para corregir los problemas.
Además, según los registros, durante 2023, los organismos reguladores del condado en las principales regiones agrícolas de California supervisaron menos del 1% de las más de 687,000 ocasiones en las que se fumigaron campos y huertos con pesticidas, algunos de ellos conocidos por ser cancerígenos.
“Estas agencias de control no tienen ninguna autoridad”, dijo Jack Kearns, defensor de políticas del Centro Laboral de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), y quien ha investigado el abuso del trabajo infantil. “Simplemente no cuentan con suficiente personal y carecen de la capacidad necesaria”.
Bryan Little, de la Oficina Agrícola de California (California Farm Bureau), la cual representa a miles de empresas agrícolas, afirmó haber visitado muchas granjas y añadió: “No recuerdo haber visto a nadie trabajando en un campo agrícola que pareciera menor de 18 años”.
Según Little, quien funge como director sénior de defensa de políticas de la oficina, los menores no trabajan en los campos porque asisten a la escuela y, además, deben solicitar permisos de trabajo a sus distritos escolares. Dijo que “rara vez ha visto algo concreto” que sustente las denuncias de explotación laboral en la industria agrícola de California, alegando que muchos informes provienen de grupos de defensa que no presentan pruebas que respalden sus afirmaciones.
Aun así, la mayoría de los jóvenes trabajadores entrevistados dijeron que suelen trabajar seis días a la semana en verano y, cuando hay clases, los fines de semana. Algunas empresas no permiten trabajadores menores de edad, dijeron, mientras que otras se hacen de la vista gorda y no preguntan. Ninguno de los jóvenes sabía que necesitaba permisos de trabajo.
Un joven de 15 años dijo que comenzó a trabajar a los 6 años de edad, otro desde que tenía 9. La mayoría dijo que tenían entre 11 y 13 años cuando se iniciaron en la dura cultura laboral de los campos. Entre ellos se encuentra un estudiante que se graduó de la secundaria y preparatoria (high school) con un promedio GPA de 4.0 y varios otros que ahora asisten a universidades de California.
En el Valle de San Joaquín, un niño de 12 años sube una escalera para cosechar limones. En Hollister, unos hermanos menores de edad usan cuchillos afilados para cortar y limpiar los chabacanos que se secan bajo el sol. Y en el Valle de Santa María, una pequeña niña de 15 años se esfuerza para poder cargar una cubeta grande con 20 libras (9 kilos) de tomatillos, ganando 3 dólares por cada cubeta que llena.
Estos jóvenes trabajadores contribuyen a la industria agrícola de California, que genera 61 mil millones de dólares anuales, siendo la más productiva del país y una de las más grandes del mundo.
Miriam Andres es una trabajadora social que conecta a las familias con los recursos disponibles en Parlier, un pueblo agrícola en el centro del Valle de San Joaquín, donde estima que varios cientos de menores de edad trabajan en los campos y huertos junto a sus padres.
“Existen leyes que establecen una edad mínima para trabajar. Hay requisitos como los permisos de trabajo. Pero en realidad, detrás de todo esto hay familias que no llegan a fin de mes”, dijo Andres, de 35 años, quien ayudó a su padre a cosechar pasas cuando tenía 13 años.
“Lo que realmente necesita cambiar es el salario que reciben los trabajadores agrícolas”, afirmó, “así, los menores no tendrían que ayudar a sus padres”.
Varios investigadores que estudian el trabajo infantil han afirmado que no existen cifras definitivas sobre cuántos menores laboran en la agricultura californiana, en parte debido a la naturaleza transitoria de estos trabajos y al limitado seguimiento que le han dado las agencias gubernamentales. Sin embargo, de acuerdo con entrevistas a expertos y defensores laborales que ayudan a los trabajadores agrícolas, así como con información de la Encuesta Nacional de Trabajadores Agrícolas, una estimación razonable del número de menores de edad que trabajan en la industria agrícola del estado podría oscilar entre los 5,000 y 10,000 jóvenes.
La principal agencia en California encargada de regular el trabajo infantil y las leyes de seguridad laboral es el Departamento de Relaciones Industriales (Department of Industrial Relations).
El departamento no respondió a lo largo de 11 meses a las reiteradas solicitudes para obtener los registros detallados del cumplimiento de medidas, como lo permite la Ley de Registros Públicos de California. Los funcionarios proporcionaron todos los datos solicitados solo después de que el Proyecto de Libertad de Prensa (Press Freedom Project) de la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Irvine (UC Irvine) escribiera una carta amenazando con presentar una demanda ante las violaciones de la ley estatal de registros públicos.
Una revisión de los registros de 2017 a 2024 de la Oficina de Suprevisiòn del Campo (Bureau of Field Enforcement) del departamento, la cual regula las leyes de trabajo infantil, muestra que los funcionarios emitieron solo 27 multas por violaciones de trabajo infantil a empleadores agrícolas en todo California durante ese período. Hay 17,000 empleadores agrícolas en el estado, según un informe reciente de UC Davis.
Según los registros, las multas ascendieron a un total de 36,000 dólares, pero el estado sólo recaudó 2,814 dólares.
“Eso es un porcentaje minúsculo. Es obvio que no están abordando el problema del abuso laboral infantil”, dijo Darlene Tenes, directora ejecutiva de Farmworker Caravan, una organización que conecta a trabajadores agrícolas menores de edad en la Costa Central con mentores y agencias de servicios sociales.
El departamento dijo mediante un comunicado que la Oficina del Comisionado Laboral (Labor Commissioner ‘s Office), la cual supervisa al buró, hace todo lo posible por cobrar las multas y que “los trabajadores siempre tienen la máxima prioridad” para recibir cualquier indemnización por parte de los infractores.
Erika Monterroza, portavoz del departamento, dijo en un comunicado que la oficina ha tenido “numerosos casos de éxito en la aplicación de la ley” en todas las industrias que regula. Culpó a la pandemia de afectar la aplicación de la ley, reducir personal y crear “desafíos para la unidad”.
Hasta mayo, la oficina contaba con 53 investigadores de campo responsables de cubrir todo el estado, además de 14 puestos vacantes. Los inspectores, quienes también se encargan de hacer cumplir las leyes laborales y salariales, son responsables de inspeccionar las operaciones de más de media docena de sectores en California, entre los que se incluyen obras de construcción, hoteles y lavaderos de coches.
Casi todas las 27 multas impuestas a empleadores agrícolas entre 2017 y 2024 fueron por no tener los permisos de trabajo correspondientes para los trabajadores menores de edad.
“Los propietarios claramente se hacen de la vista gorda”, afirmó Erica Diaz-Cervantes de 25 años, una ex trabajadora agrícola menor de edad que ahora es defensora de políticas en la Alianza de la Costa Central Unida por una Economía Sostenible (Central Coast Alliance United for a Sustainable Economy).
Los empleadores están obligados a tener permisos para contratar a menores de edad y a conocer la edad de sus trabajadores. Los jóvenes menores de 16 años, por ejemplo, tienen un límite de ocho horas de trabajo al día y 40 horas a la semana cuando no hay clases (las normas son más estrictas durante el año escolar). Los permisos son emitidos por los distritos escolares, los cuales, según la ley estatal, son responsables de informar a los estudiantes sobre sus derechos laborales.
Aproximadamente 20 de los jóvenes entrevistados dijeron que, en algunos casos, trabajaban hasta 10 horas al día cuando tenían 12 y 13 años. Algunos reconocieron haber usado identificaciones falsas, pero la mayoría coincidieron con una joven de 16 años del condado de Santa Bárbara, quien dijo que sus jefes nunca le preguntaron su edad.
La adolescente, una chica tímida que sueña con ser enfermera, ha pasado los últimos cuatro años trabajando con su madre y otros familiares en los campos de pequeños ranchos en donde remueven hierba mala, plantan bayas y retiran lonas viejas de plástico.
La adolescente contó que, en 2023, ella y otros trabajadores estuvieron más de un mes trabajando en un campo de cultivo sin recibir sueldo. Algunos de los adultos se quejaron con el jefe.
“Él seguía diciendo: ‘Les pagaré la semana que viene, les pagaré la semana que viene’”, dijo.
Algunos días, contó, no había baños portátiles en el campo, ni agua ni sombra para los trabajadores.
Finalmente les pagaron en efectivo después de terminar el trabajo. Ella dijo no estar segura de haber recibido todo el dinero que le correspondía.
La fértil zona donde trabajan madre e hija es una de las mayores productoras de fresas del país. Sin embargo, el abuso y la explotación en los campos son comunes, según la madre, quien dijo que los trabajadores son maltratados porque los empleadores saben que no serán descubiertos.
“Se lo decimos a los supervisores y ellos responden: ‘Si no les gusta, hay muchos otros que quieren su trabajo’”, dijo la madre, pidiendo que no se revelara su nombre por temor a represalias de sus jefes.
Los inspectores de la oficina de la Oficina de Cumplimiento de la Ley Laboral de Santa Bárbara (Santa Barbara office of the Bureau of Field Enforcement) son responsables de regular el trabajo infantil y las leyes de salarios y horas laborales en este condado de 2,700 millas cuadradas, en donde operan más de 600 empresas agrícolas.
Los registros muestran que dicha oficina realizó solo dos inspecciones promedio al año de lugares de trabajo entre 2017 y 2024. No hubo inspecciones en 2017, 2018 y 2020.
La oficina de Fresno de la misma agencia es responsable de inspeccionar los lugares de trabajo en más de 5,000 millas cuadradas de algunas de las tierras agrícolas más productivas de California, en el centro del Valle de San Joaquín.
Los registros muestran que la oficina de Fresno realizó un promedio de menos de cuatro inspecciones al año entre 2017 y 2024, en un área donde hay más de 3,000 empleadores agrícolas. No hubo inspecciones entre 2021 y 2023.
Emma Scott, profesora asociada y directora de la Clínica de Alimentos y Agricultura de la Facultad de Derecho y Posgrado de Vermont (Vermont Law and Graduate School), dijo que el bajo número de inspecciones en áreas con tantos trabajadores agrícolas le resultaba “incomprensible”.
“Es bastante impactante, la verdad”, dijo Scott, quien ha estudiado las protecciones de salud y seguridad para los trabajadores agrícolas.
La región supervisada por la oficina de Fresno alberga a cientos de jóvenes trabajadores como Brian, de 17 años. Él cosecha cítricos junto con su primo de 16 años y su hermano de 13 años por un salario a destajo que equivale a menos del salario mínimo.
Los tres adolescentes viven con otros cuatro miembros de su familia en un barrio lleno de casas móviles deterioradas, no muy lejos de los verdes huertos del cinturón de cítricos del Valle de San Joaquín. La casa de Brian se encuentra en un terreno polvoriento, en donde varias gallinas picotean hierba junto a una mesa colocada debajo de una gran lona que protege del sol durante los calurosos meses de verano.
La mayor parte de las naranjas, limones y mandarinas del país se cultivan en estos huertos, principalmente en los condados de Fresno, Tulare y Kern. Estos tres condados fueron los principales productores agrícolas del país en 2024 y generaron un total de 25 mil millones de dólares en valor de producción.
Durante los fines de semana y en verano, cuando no hay clases, los tres adolescentes ayudan al padre de Brian a recolectar naranjas, limones y toronjas. El trabajo es estacional y la cosecha depende de la fruta esté lista, así como del número de personas buscando trabajo. Cuando la familia tiene suerte, tienen trabajo asegurado durante varios días. Cuando no, se levantan antes del amanecer, desayunan, preparan burritos de huevo para el almuerzo y conducen hasta los huertos en busca de trabajo.
Brian y su primo suben por escaleras altas con grandes sacos de lona que contienen hasta 40 libras (18 kilos) de fruta, a menudo con temperaturas superiores a los 100 grados Fahrenheit (más de 38 grados centígrados). El también hermano de 13 años recoge la fruta que cae al suelo y ayuda a cargarla en las cajas.
El trabajo es agotador. “Duele mucho”, dijo Brian, quien ha trabajado en los huertos desde los 13 años. “Te duelen el cuello, la espalda y los brazos”.
El primo dijo que a veces se sentía mareado y con náuseas. “Hay que seguir adelante”, dijo. “Hora tras hora”.
El año pasado, un pequeño tractor lo golpeó de costado, lesionándole la cadera. Dijo que prefirió no decir nada porque no quería llamar la atención sobre su edad.
Brian y su primo son atléticos, con hombros anchos y bíceps fuertes, y sueñan con una vida más allá de los campos. Brian podría alistarse en el ejército; a su primo le gustaría aprender un oficio, tal vez soldadura o trabajar en la construcción.
Los trabajos suelen durar seis horas en los pequeños huertos, y no hay descansos pagados por la empresa. Si necesitas descansar, dijo el padre, “ese es tu problema”.
El hombre dijo que ganan entre 20 y 25 dólares por cada caja de 500 libras (227 kilos) de naranjas que cargan.
Brian y su primo pueden llenar tres cajas cada uno durante una jornada laboral típica de seis horas, ganando el equivalente a entre 10 y 12.50 dólares por hora. La remuneración es aún menor para la recolección de toronjas, que se paga entre 8 y 10 dólares por caja de 500 libras (227 kilos), según el padre y los dos adolescentes.
Angelica Preciado, abogada de California Rural Legal Assistance, afirmó que los estándares de producción para los trabajos de seis horas con pago por destajo son “ridículamente altos”.
Los recolectores tienen que trabajar más duro y más rápido para ganar lo máximo posible en una jornada laboral más corta, explicó, señalando que los trabajos de seis horas también permiten que los empleadores no tengan que pagar horas extras.
Una ley de California exigiendo el pago de horas extras para los trabajadores agrícolas entró en vigor en 2019, pero un estudio reciente de la UC Davis reveló que estas normas han provocado una reducción en las horas de trabajo y los ingresos de los trabajadores del campo.
Los empleadores están obligados a pagar a los trabajadores por destajo al menos el equivalente al salario mínimo, que actualmente es de 16.50 dólares por hora para la mayoría de los empleados. Pero incluso si no pagan esta cifra, los trabajadores, especialmente los menores, no se quejan.
“Mucho de esto tiene que ver con el miedo”, dijo Preciado, quien ha investigado presuntos abusos de trabajo infantil en la industria agrícola de California.
Una calurosa tarde de domingo, el padre de Brian estaba sentado en una mesa de la casa móvil de la familia. El lugar, cuyo alquiler cuesta $1,200 al mes, tiene tres pequeñas habitaciones y un espacio abierto que funciona como cocina, comedor y sala de estar. Un pequeño aire acondicionado instalado en una ventana apenas lograba mantener la habitación fresca.
Desde que las autoridades de inmigración comenzaron a realizar redadas en los campos de cultivo y vecindarios, dijo, la familia no sale tanto como antes y siempre están mirando a su alrededor con recelo cuando están en la calle.
“Muchos de nosotros vivimos con el miedo de que el ICE (Immigration and Customs Enforcement o Servicio de Inmigración y Aduanas) o la Patrulla Fronteriza detengan a un familiar y lo perdamos todo”, dijo Brian.
El padre abandonó la escuela en México a los 13 años para trabajar con sus padres en el campo. En semanas buenas, cuando hay mucho trabajo, dijo el padre, los chicos pueden ganar entre $300 y $500 adicionales. Él dijo que la familia suele ir a un banco de alimentos una vez al mes para obtener productos básicos como arroz y frijoles.
Quiere que sus hijos tengan una vida mejor, pero por ahora, necesita su ayuda para salir adelante.
“No quiero que trabajen en el campo como yo”, dijo. “Quiero que tengan una carrera”.
Araceli comenzó a trabajar en las exuberantes llanuras del Valle de Santa María cuando tenía 13 años, junto con su hermana mayor y sus padres inmigrantes, dos indígenas mixtecos que llegaron a California siendo adolescentes desde un pequeño pueblo de Oaxaca, México.
Con tierra fértil, abundante sol y aire costero húmedo, el valle en forma de embudo se caracteriza por largas temporadas de cultivo y una amplia variedad de productos agrícolas. Gran parte del valle se encuentra en el condado de Santa Bárbara, en donde la agricultura generó un valor de producción de más de 2 mil millones de dólares en 2024.
Con 17 años e interesada en la ciencia, Araceli se graduó de la escuela secundaria en junio con un promedio de 3.9 y recibió una beca de una universidad de California. Veterana de los campos agrícolas, ha plantado lechugas, brócoli y coliflor.
Tanto ella como su madre recordaron la experiencia de plantar brócoli en una calurosa tarde de verano en un campo donde no había sombra. Araceli se sentía mareada y con náuseas. Sintió que algo le goteaba de la nariz y luego vio sangre en las mangas largas de su camisa.
Corrió a un baño portátil y agarró un puñado de toallas de papel para detener la hemorragia. Regresó rápidamente porque, según dijo, tenía miedo de enfadar a su jefe.
“No puedes parar”, dijo Araceli. “Tienes que seguir adelante. Así que realmente no pude hacer nada al respecto”.
El trabajo puede ser peligroso de otras maneras. El verano pasado, a Araceli le asignaron una máquina de trasplante, similar a un tractor, en la que se sentaban ella y otros trabajadores en la parte trasera colocando rápidamente en la tierra las plántulas de verduras en conos de metal.
Había trabajado en la máquina en veranos anteriores, pero dijo que nunca había recibido capacitación en seguridad. Señaló que los conos tienen impresos en ellos la imagen de una “mano con los dedos amputados”.
“Con eso, entiendo que no debo meter los dedos dentro del cono”.
La madre de Araceli dijo que los trabajadores tienen miedo de quejarse del calor o de otras condiciones laborales porque no quieren ser señalados como problemáticos. “Dirán que no estás haciendo tu trabajo y te despedirán”, dijo la madre.
Según una revisión de los registros de la División de Seguridad y Salud Ocupacional, conocida como Cal/OSHA, incluso cuando los trabajadores denuncian a sus empleadores, sus quejas no siempre se investigan.
Esta división es responsable de garantizar la seguridad en los lugares de trabajo y de hacer cumplir la ley de California sobre enfermedades causadas por el calor en exteriores. Esta ley fue la primera en el país y se estableció hace dos décadas tras años de presión del sindicato United Farm Workers y la muerte de varios trabajadores agrícolas en los campos del Valle de San Joaquín.
La ley exige capacitación sobre enfermedades relacionadas con el calor para los empleados y medidas de protección, como la provisión de áreas de descanso con sombra lo más cerca posible de los trabajadores, cuando las temperaturas superan los 80 grados Fahrenheit (27 grados centrígrados), y de agua potable.
Para analizar el desempeño de la agencia en materia de cumplimiento de la ley, Capital & Main examinó datos de Cal/OSHA desde 2015 hasta el primer trimestre de 2025. El análisis reveló que la agencia no investigó la mayoría de las quejas por infracciones relacionadas con el calor ni los informes de lesiones por calor, así como una disminución general del 74% en las sanciones impuestas a los empleadores agrícolas por todas las infracciones.
Durante ese período, se impusieron multas por un total de 32 millones de dólares a los empleadores agrícolas en todo el estado, pero la agencia recaudó menos de la mitad, casi 14.9 millones de dólares.
Funcionarios del Departamento de Relaciones Industriales (Department of Industrial Relations), el cual supervisa a Cal/OSHA, afirmaron que no todas las multas se cobran porque los empleadores pueden apelarlas. La agencia también puede reducir las multas a la mitad si los empleadores documentan que se han corregido las infracciones. Sin embargo, una auditoría estatal publicada en julio reveló problemas en la forma en que la agencia determina el monto de las multas, lo que resulta en multas menores que las impuestas por otros estados por infracciones similares.
Cal/OSHA también recurrió a “investigaciones por correspondencia” en el 11% de sus inspecciones en operaciones agrícolas desde 2015 hasta mediados de octubre de 2024. Los funcionarios sostienen que las investigaciones por correspondencia, en las que no se inspeccionan físicamente los lugares de trabajo después de presentarse las quejas, permiten a la agencia llegar a un mayor número de lugares de trabajo y abordar más riesgos en el menor tiempo posible. Sin embargo, en 2020, un consultor de Cal/OSHA concluyó que el 10% de las investigaciones por carta se debieron a la escasez de personal y “deberían haber dado lugar a inspecciones completas in situ”. Según la auditoría estatal, en algunas investigaciones por correspondencia, “Cal/OSHA carecía de pruebas para respaldar su decisión de no inspeccionar”.
Monterroza, la portavoz del departamento, volvió a culpar a los efectos de la pandemia por la disminución en el número de inspecciones. Pero afirmó que la agencia está tomando otras medidas para mejorar la seguridad de los trabajadores.
Estas incluyen una intensa labor de divulgación entre los empleadores, dijo, y la creación de una nueva unidad agrícola “para fortalecer el cumplimiento de la ley, aumentar las inspecciones in situ y ampliar los recursos para llegar mejor a los trabajadores y protegerlos” en áreas como El Centro, Salinas y Lodi.
La agencia anunció la creación de la unidad en febrero de 2024, pero a mayo de ese mismo año, solo se habían cubierto 15 de los 54 puestos presupuestados para dicha unidad, según Cal/OSHA.
Mientras tanto, jóvenes trabajadores como José, el recolector de fresas del Valle de Salinas, seguirán trabajando en el campo.
Él vive con sus nueve hermanos y sus respectivos hijos en un grupo de pequeñas casas de color adobe rodeadas de extensos campos de fresas y un terreno lleno de vehículos destartalados.
Los adolescentes y adultos de la familia, algunos de los cuales emigraron de un pequeño pueblo en el estado mexicano de Oaxaca, aceptan cualquier trabajo disponible: plantar y recolectar bayas, arrancar malas hierbas y retirar lonas de plástico viejas de los campos.
José y otros recolectores de fresas sufren dolores persistentes en la parte baja de la espalda, los hombros y las piernas durante la temporada de cosecha. Sudan bajo el sol abrasador, a menudo sin sombra, y caminan con dificultad por los surcos embarrados cuando llueve.
“Si yo estuviera a cargo”, dijo José sobre los niños y adolescentes en los campos, “no los dejaría trabajar, simplemente porque son niños, y no permitiría que sufrieran a una edad tan temprana”.
López es periodista independiente y becario del Centro McGraw de Periodismo de Negocios. Traducido al español por Rodrigo Cervantes.
Este reportaje fue producido en colaboración con Capital & Main, el Centro McGraw de Periodismo de Negocios de la Escuela de Periodismo Craig Newmark de la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY) y contó con el apoyo de la Fundación de Atención Médica de California (California Health Care Fund) y el Fondo para el Periodismo de Investigación (Fund for Investigative Journalism).
Cómo elaboramos estos reportajes
Esta investigación se basa en entrevistas a más de 100 trabajadores agrícolas, tanto menores de edad como adultos, expertos, defensores de los derechos laborales y de la industria agrícola,así como funcionarios estatales y locales. El periodista, Robert J. Lopez también revisó decenas de miles de documentos, la mayoría provenientes de dos docenas de solicitudes de acceso a información pública. Los jóvenes trabajadores agrícolas entrevistados provienen de familias con estatus migratorio mixto, y The LA Times y Capital & Main han utilizado solo sus nombres de pila. Barbara Davidson fotografió a los jóvenes con su ropa de trabajo, la cual les cubría el rostro. Los jóvenes fotografiados y sus padres revisaron las imágenes y los pies de foto y dieron su consentimiento para su publicación.