La solicitud de reformas en el uso de la fuerza policial en el caso podría sentar precedentes para reexaminar otras muertes calificadas de alto perfil.
Por Kate Morrissey
Photos de Barbara Davidson
1 de Mayo, 2025
Casi 15 años después de que la esposa de Anastasio Hernández Rojas comenzara su lucha en pos de justicia por la muerte de su esposo, una comisión internacional de derechos humanos determinó que agentes fronterizos de EE.UU. fueron responsables de su muerte — y que lo torturaron antes de morir.
En mayo de 2010, los agentes golpearon y electrocutaron a Hernández Rojas con una pistola Taser mientras lo deportaban a México en la frontera de San Diego. Hernández Rojas fue hospitalizado y murió un par de días después.
Esta es la primera vez que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que forma parte de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la cual EE.UU. es miembro, ha emitido una resolución sobre una muerte a manos de un agente de la ley en territorio estadounidense. En una resolución publicada en miércoles, la comisión solicitó reabrir una investigación criminal sobre los oficiales involucrados en la muerte de Hernández Rojas, así como una sanción justa para los funcionarios de EE.UU. que, según la comisión, ayudaron a encubrir lo sucedido.
“Estoy tranquila esperando a ver que el gobierno como que haga lo que se le está ordenando. Lo que queremos es aquí está la verdad. Esto fue lo que pasó’” dijo la esposa de Hernández Rojas, Maria Puga. “A mi lo que me queda es seguir apoyando y seguir luchando por otras familias.”
El caso involucra al elegido por la administración Trump para comisionado de la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), Rodney Scott, quien estuvo a cargo del Sector de Patrulla Fronteriza de San Diego en el momento de la muerte de Hernández Rojas. El senador Ron Wyden (D-Oregon) se enteró de la decisión de la comisión durante la audiencia de confirmación de Scott el miércoles después de interrogarlo sobre sus acciones en ese momento.
Capital & Main solicitó un comentario sobre el asunto al Departamento de Estado de EE.UU., que maneja estos casos ante la comisión, pero éste remitió al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés). Sin embargo, DHS y su Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) no respondieron a dichas solicitudes.
En 2022, el gobierno argumentó que la comisión no tenía jurisdicción en el caso porque la familia había aceptado previamente un acuerdo por un millón de dólares, pero la comisión rechazó este razonamiento.
En la decisión publicada el miércoles, la comisión crítico la discriminación que Hernández Rojas enfrentó por parte de la policía estadounidense por ser latino y migrante. El tribunal también condenó las políticas permisivas al uso de la fuerza de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y hizo un llamado a realizar cambios significativos para alinearlas con las directrices internacionales de derechos humanos. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza es el organismo de seguridad más grande de EE.UU..
“Esta comisión expresa su preocupación debido a que varias leyes de EE.UU. no exigen el uso de medios no violentos antes de recurrir al uso de la fuerza, no disponen que la fuerza letal debe ser un último recurso, no requieren que se dé una advertencia antes del uso de la fuerza letal o no definen clara y objetivamente las situaciones en las que se autoriza el uso de la fuerza letal, dejando así un amplio margen de discrecionalidad para su interpretación por parte de los agentes de la ley”, dice el decreto.
Puga dijo que espera que el gobierno implemente las recomendaciones de la comisión.
“Si ellos cumplen con eso no va a haber otra familia afectada como la de nosotros”, dijo.
En otros países, las resoluciones de la CIDH han dado como resultado la construcción de monumentos en memoria de víctimas, disculpas formales, reapertura de casos criminales y cambios en leyes y políticas. Hay 34 países miembros en la OEA, incluyendo a EE.UU..
Roxanna Altholz es directora de la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Berkeley y abogada de la familia de Hernández Rojas. De acuerdo con la especialista, las conclusiones de la comisión en este caso podrían sentar precedente para otros casos presentados frente a la comisión de asesinatos de personas de raza negra a manos de policías en EE.UU.. Entre ellos están los casos de alto perfil de Michael Brown Jr., asesinado por la policía en Ferguson, Missouri, en 2014; y Sandra Bland, quien murió bajo custodia policial en Texas en 2015.
“Lo que escuchamos una y otra vez en EE.UU. es que estos asesinatos de niños de 11 años, de civiles desarmados, de personas que suplican misericordia como lo hizo Anastasio, tal vez son el resultado de algunas ‘manzanas podridas’ (trabajando como autoridades), y lo que este caso representa claramente es que en realidad son el resultado de un mal sistema”, dijo Altholz. “Es el resultado de leyes sobre el uso de la fuerza que violan los estándares internacionales y no protegen la vida de los civiles. Es el resultado de un sistema de justicia que ha demostrado ser incapaz de hacer responsables a los agentes de la ley”.
Aunque la comisión no tiene policía o ejército para hacer cumplir sus decisiones, sus resoluciones actúan de manera similar a los decretos de consentimiento establecidos entre el Departamento de Justicia de EE.UU. y agencias de policía locales a las que se les encuentran prácticas discriminatorias, dijo Altholz. La comisión monitoreará el cumplimiento de sus resoluciones EE.UU. y continuará celebrando audiencias para presionar al Departamento de Estado a que realice las reformas requeridas.
“Desafortunadamente, EE.UU. se ha unido a países como Colombia, Argentina, Chile y Guatemala, los cuales han sido condenados por la Comisión Interamericana por cometer crímenes de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos”, dijo Altholz.
Si EE.UU. no llegara a cumplir, ello podría poner en peligro el estatus del país en la supervisión de los derechos humanos en otras partes del mundo, dijo Altholz. El año pasado, el Departamento del Tesoro de EE.UU. sancionó a entidades en varios países, incluidos Irán, Nicaragua y Venezuela, por violaciones de derechos humanos.
Para Andrea Guerrero, directora ejecutiva de Alliance San Diego y otra abogada en el caso de Hernández Rojas, la decisión ofrece esperanza en un momento en que muchos defensores de los derechos humanos en EE.UU. están luchando por un buen porvenir.
“¿Por qué luchamos? Porque a veces ganamos”, dijo Guerrero.
Muerte y Deportación
La decisión de la comisión detalló los hechos del caso a través de una revisión de cientos de páginas de registros policiales y otros materiales presentados por los abogados de la familia afectada, así como testimonios de una audiencia celebrada en 2022.
Nacido en San Luis Potosí, México, Hernández Rojas llegó a San Diego cuando tenía 15 años, según el documento de la comisión. Aproximadamente seis años después, Hernández Rojas conoció a su esposa y tuvieron cinco hijos.
Días después de cumplir 42 años, en mayo de 2010, Hernández Rojas fue arrestado bajo la sospecha de intentar robar alimentos y bebidas de un supermercado, según el documento de la decisión. Fue deportado dos semanas después de haber permanecido recluido en la cárcel del condado.
Un par de semanas después, Hernández Rojas intentó regresar con su familia y cruzó la frontera junto con su hermano. Fueron detenidos y llevados a la estación de la Patrulla Fronteriza de Chula Vista, en el condado de San Diego.
Los testimonios sobre lo acontecido ofrecen recuentos contradictorios.
Según las declaraciones de dos agentes, Hernández Rojas inicialmente se rehusó a tirar una botella de agua que poseía. Uno de los agentes arrojó la botella de agua a la basura y lo envió a una sala de entrevistas. Pero según el testimonio del hermano de Hernández Rojas, mientras éste vaciaba la botella en la basura, un agente se enojó, le quitó la botella, lo empujó contra la pared y le dio una patada en el pie antes de enviarlo a la sala de entrevistas.
La declaración de otro agente confirmó que Hernández Rojas se quejó posteriormente de dolor en el tobillo y que pidió atención médica. Pero los dos agentes que estaban con él en la sala de entrevistas dijeron que revisaron su tobillo y decidieron que no necesitaba tratamiento. Uno dijo en su declaración que cree que los migrantes mienten con frecuencia sobre sus necesidades médicas.
La comisión determinó que rehusarse a proveer atención médica fue la primera de muchas violaciones a los derechos de Hernández Rojas como resultado de la discriminación que sufrió como migrante.
Los agentes decidieron deportar a Hernández Rojas de inmediato y lo llevaron a una puerta de deportación en la garita de San Ysidro, conocida en la agencia como “Whiskey-2”, en donde le quitaron las esposas.
A partir de ahí, los testimonios se hacen aún más dispares.
Dos agentes dijeron que Hernández Rojas “se volvió loco”, y uno dijo que empujó a uno de los oficiales y se les abalanzó. Agentes de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas que se unieron después dijeron que Hernández Rojas golpeó a los oficiales. Y otros agentes dijeron que no lo vieron golpear ni agredir a nadie.
Según el resumen de los hechos presentado por la comisión, los oficiales de ICE golpearon a Hernández Rojas con un bastón de acero y un grupo de cuatro oficiales lo derribó y lo esposó boca abajo mientras más oficiales se unían a la golpiza.
En este punto, Hernández Rojas comenzó a pedir ayuda en español. Durante el golpeteo, sus gritos llamaron la atención de muchos que cruzaban de regreso desde México a través de la garita.
Testigos dijeron que vieron a los oficiales arrodillarse sobre la parte posterior del cuello y la espalda baja de Hernández Rojas, mientras que otros agentes lo golpeaban, pateaban y pisoteaban.
Según testigos el oficial de Aduanas y Protección Fronteriza Jerry Vales se acercó a Hernández Rojas y le dijo que dejara de resistirse. Según el informe, los testigos dijeron ver a Vales patearlo “como un saque de pelota de fútbol”.
Vales no respondió a los intentos de Capital & Main de contactarlo a través de sus cuentas de redes sociales.
El informe detalla que Vales usó posteriormente su Taser al menos cuatro veces sobre Hernández Rojas. El dispositivo registró dos administraciones de cinco segundos cada una, una tercera de 13 segundos y una cuarta de 12 segundos. La última administración fue en modo “drive stun,” con el Taser presionado directamente sobre el pecho de Hernández Rojas, lo que causó convulsiones inmediatas.
Los testigos dijeron que el cuerpo de Hernández Rojas se quedó flácido después de ser electrocutado por el Taser y que los oficiales continuaron golpeándolo.
La comisión determinó que el golpeteo y el uso del Taser constituyeron tortura.
“Tienes a personal de la ley de EE. UU. cometiendo uno de los crímenes más graves que reconocemos como de lesa humanidad, que es la tortura”, dijo Altholz. “Es un crimen que está puesto en el mismo nivel que la esclavitud según el Derecho internacional”.
La comisión no encontró justificación para usar el Taser sobre Hernández Rojas mientras estaba en el suelo, con las manos esposadas detrás de su espalda y, en particular, condenó el uso del dispositivo en modo “drive stun”.
Los oficiales llamaron a los médicos cuando se dieron cuenta de que Hernández Rojas ya no tenía pulso y dijeron que los paramédicos llegaron de inmediato. Pero el informe del forense señala que la reanimación fue atrasada. Se trasladó a Hernández Rojas al hospital Sharp Chula Vista Medical Center, en donde se le diagnosticó muerte cerebral.
Murió tres días después.
Encubrimiento
Después de golpear a Hernández Rojas, los oficiales de la frontera borraron los videos de los teléfonos celulares y cámaras de aquellas personas que, mientras cruzaban por la garita, habían grabado las acciones de los oficiales.
Los oficiales no reportaron el incidente por más de cuatro horas y la Patrulla Fronteriza envió a su propio equipo de investigación al lugar, conocido como equipo de incidentes críticos o equipo de investigación de incidentes críticos. Estas unidades han sido acusadas de encubrir pruebas en varios casos donde los oficiales fronterizos pudieron haber usado fuerza excesiva, incluido el caso de Hernández Rojas.
El Departamento de Policía de San Diego, que debería haber sido la agencia de la ley responsable de la investigación, no se enteró de lo sucedido hasta alrededor del mediodía del día siguiente, cuando un periodista de KPBS llamó para preguntar sobre el incidente. Esto significa que la escena del crimen no fue preservada ni documentada por más de 15 horas.
La policía de San Diego no respondió a una solicitud de comentarios al respecto.
Mientras tanto, según las declaraciones presentadas con el caso de tres informantes del gobierno, algunos altos funcionarios del gobierno de EE. UU. comenzaron a tratar de distorsionar los hechos.
“Solo hay dos ocasiones en las que, en mis 40 años en la ley, me ordenaron falsificar informes”, dijo James F. Tomsheck, comisionado adjunto de la Oficina de Asuntos Internos de Aduanas y Protección Fronteriza, en una declaración.
Una de esas ocasiones, dijo, fue en el caso de Hernández Rojas.
Jim Wong, quien fue comisionado adjunto de Aduanas y Protección Fronteriza para asuntos internos en el momento del asesinato y quien también contribuyó con una declaración en el caso, dijo que los hallazgos de la comisión internacional lo hicieron sentir validado, especialmente en nombre de Tomsheck, quien falleció el año pasado.
“Realmente no tengo un interés personal, más allá del hecho de que hubo una injusticia, y si no intentas corregir lo que está mal, entonces eres parte de lo que está mal”, dijo Wong.
Con base en la información recopilada inicialmente de los oficiales fronterizos, la policía de San Diego emitió un comunicado de prensa refiriéndose a Hernández Rojas como el agresor, y la investigación inicial caracterizó a los oficiales fronterizos como las víctimas.
El informe policial detalla que la policía nunca pudo obtener de la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza grabaciones del lugar de los hechos porque los agentes inicialmente enviaron los archivos equivocados y luego el material fue sobregrabado.
El equipo de investigación de la Patrulla Fronteriza solicitó obtener del hospital los registros médicos de Hernández Rojas, pero no se le proporcionaron esos documentos a la policía de San Diego. El hospital también participó en las entrevistas con testigos.
Los agentes también estuvieron presentes en la autopsia, en donde un análisis toxicológico encontró rastros de metanfetamina. (La presencia de agentes de la Patrulla Fronteriza durante la autopsia, así como las solicitudes de muestras de sangre en el hospital, han generado suspicacia por parte de la familia de Hernández Rojas.)
Finalmente, el forense declaró oficialmente el caso como un homicidio, pero no pudo afirmar de manera definitiva cuánto contribuyó la droga a su muerte. Una segunda autopsia solicitada por la familia concluyó que fue la golpiza lo que mató a Hernández Rojas.
Cuando se le preguntó sobre el caso, la Oficina del Forense del Condado de San Diego dijo que sus determinaciones son “objetivas e independientes para todas las muertes bajo su jurisdicción como un servicio al público”.
Casi dos semanas después de la muerte de Hernández Rojas, un video de la golpiza que se había salvado de los intentos de borrar evidencia por parte de los oficiales fronterizos fue transmitido en un noticiero de televisión.
Fue solo entonces que la policía comenzó a entrevistar a testigos que pasaban por la garita. Ahí, la imagen de Hernández Rojas como agresor comenzó a convertirse en la de víctima.
Más de un mes después de la muerte de Hernández Rojas, la policía de San Diego remitió el caso a la Oficina del Fiscal de EE. UU. Dicha oficina se negó a omitir opiniones sobre el caso.
En 2012, un segundo video apareció en un episodio del programa Need to Know de PBS, mostrando de manera más clara lo que los oficiales le hicieron a Hernández Rojas.
“Casi inmediatamente después de que se transmitió, el FBI me llamó”, recordó Ashley Young, quien tenía poco más de 20 años de edad en el momento del incidente y que, en ese entonces, pasaba un fin de semana feriado en San Diego con un amigo. Cuando vio lo que le estaba pasando a Hernández Rojas, decidió grabarlo.
“No hay Memorial Day en el que no deje de pensar en Anastasio; en lo que sucedió y lo que fui testigo”, agregó.
El Departamento de Justicia convocó a un gran jurado para analizar el caso. En 2015, más de cinco años después del asesinato, el Departamento de Justicia cerró su investigación sin presentar cargos. En un comunicado, el departamento declaró determinar que la metanfetamina fue un factor contribuyente en la muerte de Hernández Rojas.
Pero la comisión, en su decisión, señaló que el hallazgo del segundo forense, que revela que Hernández Rojas estaba vivo y pidiendo ayuda cuando los oficiales lo golpearon, sugiere que lo mató la golpiza y no la presencia de drogas.
Las pruebas y testimonios de los procedimientos del gran jurado nunca se hicieron públicos. Ello ameritó críticas por parte de la comisión, la cual le solicitó a EE. UU. que haga sus procedimientos del gran jurado más transparentes y accesibles para las víctimas y sus familias.
“La impunidad en tales casos no solo facilita su repetición, sino que también podría representar una forma de aceptación social de estos eventos, lo que alimenta continuamente el ciclo de discriminación contra los migrantes,” dijo la comisión.
Buscando Justicia
Puga nunca ha dejado de exigir justicia por la muerte de su esposo.
En 2016, sus abogados presentaron una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en nombre de la familia. La familia presionó en 2021 para que los fiscales de San Diego reabrieran los casos en contra de los oficiales fronterizos involucrados en la muerte de Hernández Rojas; esto tras descubrir la magnitud del encubrimiento gracias all trabajo de los abogados en el caso para la comisión.
“Tener verdadera justicia sería llevarlos a todos a juicio y a la cárcel”, dijo Puga.
El gobierno mexicano también ha seguido el caso de cerca. El año pasado, en el 14º aniversario de la muerte de Hernández Rojas y el 100º aniversario de la creación de la Patrulla Fronteriza, México emitió un comunicado condenando el uso de la fuerza por parte de la agencia en contra de sus ciudadanos.
La decisión de la comisión se siente como un paso en la dirección correcta, dijo Puga.
La decisión pide indemnización total para la familia, incluyendo apoyo para tratamiento de salud mental y la reapertura de la investigación criminal. También indica que los funcionarios estatales que participaron en el asesinato y el encubrimiento deberían de acatar su responsabilidad mediante sanciones administrativas, disciplinarias o penales.
La comisión también enfatiza la importancia de corregir la narrativa oficial de EE.UU. para mostrar que Hernández Rojas fue la verdadera víctima en el caso.
Finalmente, pide medidas para evitar que se repitan incidentes similares, incluyendo el cambio de los estándares de uso de la fuerza para que coincidan con las directrices internacionales, en lugar de la medida legal en EE. UU. de sospecha probable, y que la comisión califica como “amplia y vaga.” En esas medidas, también se solicita que EE. UU. prohíba el uso de los Tasers en modo drive stun debido al daño que se sabe que causan, así como proporcionar más capacitación a los oficiales de policía sobre el uso de la fuerza y los derechos humanos.
Aunque Puga dijo que sabe que es poco probable que EE. UU. cumpla con las recomendaciones de la comisión mientras el presidente Donald Trump esté en el cargo, ella sigue optimista y confía en que el país eventualmente las ejecutará.
Puga dijo que si Trump anda tras los criminales en EE. UU., debe comenzar con los agentes fronterizos.
Tras 15 años esperando justicia, Puga dijo que todavía tiene algo por qué luchar y seguir presionando.
“Este fue un caso en el que toda la comunidad y las organizaciones nos apoyaron”, dijo Puga. “Así que esta decisión es para el bien de todos nosotros, pero para mi familia es algo más: es un alivio más que nada, pues al fin se está diciendo la verdad”.
Puga ha llevado flores a la tumba de su esposo en un cementerio en las colinas de San Diego cada semana o dos durante casi 15 años. Habla con él a diario, a menudo sosteniendo una foto suya manchada de lágrimas, en su dormitorio.
Después de que los abogados llegaran a su casa para compartirle la decisión de la comisión, Puga fue a contarle a su esposo.
“Le dije: ‘sí pudimos’”, dijo. “No se va a quedar en la impunidad. Y le agradecí por darme ese valor”.
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