Defensores de derechos de los inmigrantes abren línea telefónica de apoyo a detenidos que enfrentan posible deportación

Con el fin de contrarrestar las políticas antiinmigrantes de la administración del presidente Donald Trump, una coalición de defensores de los derechos de los inmigrantes, así como líderes religiosos y sindicatos, se unieron en lo que llamaron Red de Respuesta Rápida de Los Ángeles (Los Angeles Rapid Response Network o LARRN). 

La red se centrará en documentar las actividades de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) en toda la ciudad e informar a la comunidad. La organización abrió una línea telefónica directa para recibir llamadas de consulta en torno a la aplicación de leyes migratorias, así como proporcionar algunos servicios de inmigración y contactos o referencias para obtener apoyo. Con la información obtenida se solicitará a los grupos locales que investiguen toda actividad de ICE denunciada para luego corroborarla.

 “Nos estamos uniendo a través de LARRN para asegurarnos de que los angelinos tengan recursos disponibles para denunciar las operaciones de ICE, obtener referencias y acceder a servicios vitales disponibles para ellos”, dijo Pedro Trujillo, director de organización de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA) y uno de los organizadores de la red. Trujillo dijo que el mensaje de la red es que “nos mantendremos firmes y juntos en contra las políticas crueles e injustas de la administración Trump que apuntan en contra de las familias inmigrantes y trabajadoras en Estados Unidos”.

El sindicato SEIU Local 721, con 95,000 miembros en todo el sur de California, también forma parte de la red LARRN. Martin Manteca, director de organización del sindicato, dijo que la red busca “proteger los derechos de nuestros hermanos y hermanas, quienes trabajan duro para hacer realidad sus sueños y mantener nuestra economía fuerte”.

Laura Urias, directora de programas del Immigrant Defenders Law Center, una organización sin fines de lucro de apoyo legal para los migrantes, dijo que los abogados defensores están listos para trabajar con la red y así ayudar a quienes necesiten de sus servicios.

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El 26 de enero, José Rojas Durán, de 58 años, daba su paseo dominical habitual matutino junto con su esposa en Lincoln Park, en el Eastside de Los Ángeles, cuando fue arrestado por ICE.

En 2020, ICE ya había arrestado a Rojas y luego permaneció detenido en una instalación en Adelanto, California hasta mayo de 2021, cuando lo liberaron bajo protesta de su propia responsabilidad. A principios de febrero de 2024, ICE emitió una orden de deportación en su contra. El caso de Rojas forma parte de los 1,179 arrestos realizados por ICE en todo el país el 26 de enero.

Inmediatamente tras el arresto, la familia de Rojas llamó a la línea directa y, al cabo de una hora y media, los abogados de la red se comunicaron con ICE en nombre de Rojas. Sin embargo, Rojas ya había firmado una orden de deportación voluntaria mientras estaba detenido y fue deportado a México pocas horas después del arresto.

“Si usted es un individuo, un ciudadano extranjero, que ingresa ilegalmente a los Estados Unidos, es, por definición, un criminal y, por lo tanto, sujeto a deportación”, dijo el 28 de enero la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. La funcionaria felicitó a la administración Trump por los recientes arrestos del ICE en todo el país. El 52% de los arrestados enfrentan cargos por crímenes.

Según el Título 8 del Código de los Estados Unidos, la “entrada ilegal”/8 U.S.C. § 1325 es un delito menor que conlleva una multa, una pena de cárcel por seis meses o ambas. Algunos defensores de los derechos de los inmigrantes han declarado que este tipo de leyes de inmigración tienen sus raíces en la eugenesia (la idea del uso de leyes biológicas para mejorar a la especie humana) y las posturas antiinmigrantes que se remontan a los 1920s. En ese entonces, el senador supremacista blanco de Carolina del Sur, Coleman Livingston Blease, impulsó el proyecto de ley para codificar la Sección 1325, que fue aprobada por el Congreso en 1929. La aplicación de la ley condujo a 44,000 arrestos en solo 10 años. Durante la primera administración de Trump, el Departamento de Justicia levantó cargos en contra de 27,630 personas en virtud de la Sección 1325 en el año fiscal 2020, mientras que bajo la administración de Biden, en el año fiscal 2024, solo 5,550 personas recibieron dichos cargos.

Rojas había estado en proceso de solicitar una visa para permanecer en los Estados Unidos porque sus hijos adultos son ciudadanos estadounidenses. Un día después de la deportación de Rojas, su hijo recibió una notificación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) indicando que la solicitud de visa había sido aprobada para su consideración. Sin embargo, a los solicitantes no se les otorga ningún estatus migratorio.

La línea directa de asistencia a inmigrantes para denunciar arrestos y actividades del ICE es (888) 624-4752.

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